“Nos sentimos sitiados. Esa es la palabra”. Con esa frase, Juana Aranda, presidenta de la Junta de Vecinos Guillermo Mann y Rosita Renard e integrante del COSOC, resumió el impacto que viven los barrios aledaños al Estadio Nacional frente a la realización reiterada de eventos masivos.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ingresó un segundo recurso de protección, esta vez acompañado por vecinos y organizaciones territoriales, con el objetivo de resguardar el derecho constitucional al libre tránsito, la propiedad y la vida en paz de quienes habitan en el entorno del recinto deportivo, ante los constantes cierres de calles y externalidades asociadas a espectáculos de alta convocatoria.

El jefe comunal explicó que esta acción judicial responde a una situación que se ha vuelto insostenible para la comunidad. “Estamos indignados y muy molestos. El Estadio Nacional pasó de ser un atributo para Ñuñoa a un lugar lleno de abusos. En los últimos 60 días se han realizado casi nueve eventos con más de 50 mil personas, cuadruplicando el nivel de espectáculos y haciendo imposible que los vecinos puedan vivir tranquilos”, señaló.

El recurso no busca detener un evento puntual, sino establecer límites claros a la forma en que se están desarrollando los espectáculos. “Lo que buscamos es que nunca más se cierren las calles, que nunca más se vulneren los derechos de los vecinos, y que ninguna empresa privada ni autoridad decida arbitrariamente quién puede entrar o salir de su propia casa”, sostuvo. Y agregó que el municipio ha insistido en soluciones administrativas y de coordinación, sin obtener respuestas efectivas. “El Estado central, que es dueño del estadio, no nos escucha. Nuestra opinión como municipio se desecha. Por eso recurrimos a la justicia, para que se haga cumplir la Constitución y la ley”, afirmó.

La acción legal cuenta con el respaldo de vecinos directamente afectados, quienes han denunciado restricciones de movilidad, desvíos del transporte público, ruidos hasta altas horas de la madrugada, fuegos artificiales, comercio ilegal y problemas de seguridad.

José Díaz, vecino del sector, relató que “tenemos muchos deberes y nada de derechos. Pagamos contribuciones millonarias y, cuando hay recitales, tenemos que encerrarnos en nuestras casas durante días. Esto es un abuso tremendo”.

En la misma línea, Juana Aranda fue enfática: “Nos sentimos sitiados. No podemos salir de nuestras casas, tenemos que pelear para entrar a nuestro propio domicilio y los cierres se mantienen por días. Nos encierran”. Además, cuestionó que, pese a que la capacidad del estadio no ha cambiado, hoy se implementen cierres de calles como nunca antes. “Se prometió un gran parque y espacios abiertos para Ñuñoa, pero la realidad es que estamos afuera y todo está cerrado”, agregó.

Desde el municipio recalcaron que no existe oposición a la realización de eventos, sino una exigencia clara de regulación, planificación y responsabilidad, de modo que toda la gestión de seguridad y operación se realice al interior del recinto, sin trasladar los costos y consecuencias a los barrios ni a la municipalidad.

“La justicia tiene que poner límites. No se puede seguir usando los barrios como anillo de seguridad ni tratar a los vecinos como rehenes en sus propias casas”, concluyó el alcalde Sichel.